🚨 Revés técnico para Juntos por el Perú: JEE declara improcedente la nulidad de miles de mesas por falta de pago

La batalla legal por los votos del balotaje del pasado 7 de junio ingresa a su etapa más crítica, dejando al descubierto las estrictas formalidades del sistema electoral peruano. El Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro declaró improcedente el paquete masivo de recursos presentados por Juntos por el Perú (JPP), el partido del candidato Roberto Sánchez, que buscaba anular 1,751 mesas de sufragio en Lima Metropolitana y más de 600 mesas instaladas en el extranjero (principalmente en Estados Unidos), plazas donde Keiko Fujimori obtuvo una ventaja considerable.

El motivo del rechazo no pasó por una evaluación del fondo de los reclamos, sino por un estricto e insalvable muro administrativo: la organización de izquierda no adjuntó los comprobantes de pago de las tasas electorales obligatorias.

💳 El costo de impugnar: Una valla de más de 3 millones de soles

De acuerdo con la Ley Orgánica de Elecciones y las directrices vigentes del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), cada recurso de nulidad de mesa de sufragio exige el abono obligatorio de una tasa equivalente a S/ 1,337 (unos 393 dólares).

Al intentar impugnar un consolidado de aproximadamente 2,400 mesas entre el territorio nacional y los consulados en el exterior, Juntos por el Perú debió desembolsar de forma simultánea un monto global superior a los 3 millones de soles (alrededor de 925,000 dólares). Al haberse ingresado los expedientes con los casilleros de pago vacíos, los fiscalizadores del JEE aplicaron la norma de forma taxativa: “En caso de que no se presente el comprobante original del pago de la tasa con el pedido, se declara la improcedencia”.

Especialistas electorales señalan que, dado que el plazo legal para solicitar nulidades ya venció, este capítulo legal de impugnaciones masivas ha quedado prácticamente cerrado para el partido de Sánchez.

💰 La respuesta de Sánchez: Colecta pública y cambio de fichas en el exterior

Desde el local partidario en el Cercado de Lima, Roberto Sánchez ofreció un pronunciamiento de urgencia acompañado de su equipo legal, confirmando las resoluciones de improcedencia pero justificando que las tasas exigidas por los organismos del Estado son «impresionantes» y limitan el derecho a la defensa:

• La «Cruzada Solidaria»: El candidato presidencial anunció la apertura de una colecta pública y voluntaria orientada a recaudar fondos de un sol, dos soles o tres soles entre sus simpatizantes, con el fin de autofinanciar las tasas pendientes para sostener eventuales apelaciones.

• Giro estratégico hacia Argentina: Paralelamente, los personeros de JPP han redirigido sus esfuerzos de fiscalización hacia el voto en Sudamérica. El partido ha ingresado solicitudes para invalidar mesas de votación en Argentina, argumentando presuntas irregularidades en los plazos de entrega y resguardo de las actas y el material electoral por parte de las oficinas consulares.

📊 Máxima tensión: Keiko Fujimori toma la delantera en el escrutinio oficial

Esta agresiva ofensiva legal de Juntos por el Perú coincide con un cambio drástico en las tendencias de contabilización de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Tras un inicio del conteo que favorecía levemente a Sánchez, el procesamiento del voto exterior y de las actas de las capitales urbanas ha provocado una remontada a favor de la candidata de Fuerza Popular.

Con el 98.2% de las actas contabilizadas oficialmente por la ONPE, la diferencia entre ambos candidatos es milimétrica, confirmando un escenario de infarto:

Margen de fotografía: La distancia real entre ambos competidores se ha reducido a apenas 14,476 votos de diferencia, ingresando a un escenario donde la proclamación del próximo presidente de la República dependerá exclusivamente de la resolución final del millar de actas que se encuentran observadas o impugnadas en las oficinas de los 60 Jurados Electorales Especiales del país.

Ante el nerviosismo de los mercados y las movilizaciones convocadas por ambas militancias en los exteriores de las sedes electorales, la asociación civil Transparencia y la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea han emitido pronunciamientos conjuntos haciendo un firme llamado a la calma y a respetar los canales de la legalidad institucional hasta el último voto contabilizado.