🏛️ Propuesta del Ejecutivo: Traslado de reclusos por delitos menores a cuarteles militares y debate penitenciario

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, planteó un paquete de medidas para afrontar el hacinamiento penitenciario en el Perú, el cual incluye trasladar a internos sentenciados por delitos menores —incluidos aquellos con condenas por omisión a la asistencia familiar (alimentos)— hacia nuevos espacios de reclusión y, de manera transitoria, a cuarteles militares en desuso mediante convenios con las Fuerzas Armadas.

📌 Ejes principales de la propuesta del Gobierno
Reubicación de sentenciados por delitos menores: La medida busca separar a los internos de baja peligrosidad de las bandas criminales en los penales tradicionales, reduciendo el hacinamiento carcelario y facilitando el control estatal.

Uso transitorio de instalaciones militares: Mientras se gestiona la construcción o habilitación de nuevos recintos carcelarios, se contempla adaptar cuarteles en desuso de las Fuerzas Armadas para albergar a estos reclusos.

Control perimétrico y tecnología: Se anunció la instalación de arcos detectores de seguridad en las cárceles para frenar el ingreso de objetos prohibidos y se solicitó apoyo de las FF. AA. para la seguridad externa y respaldo operativo en circunstancias excepcionales.

⚖️ Cuestionamientos de especialistas y exministros del Interior
Diversos especialistas en seguridad y exautoridades analizaron la viabilidad y los alcances constitucionales del anuncio:

Tiempos de adecuación y marco legal: Ricardo Valdés (exviceministro del Interior) advirtió que acondicionar un cuartel militar para funciones penitenciarias demanda al menos seis meses y requiere garantizar el régimen legal de visitas y derechos de los internos. Asimismo, propuso priorizar mecanismos de reforma como el trabajo extramuros o beneficios para deudores alimentarios en delitos no violentos tras cumplir tres cuartas partes de la pena.

Administración y rol de las FF. AA.: Wilfredo Pedraza (exministro del Interior) señaló que, si bien la cesión de predios militares es un debate de larga data, la adecuación y transferencia formal al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) podría demorar hasta dos años. Precisó además que el mandato constitucional de las Fuerzas Armadas no es la custodia perimétrica carcelaria, sino la seguridad nacional y fronteriza.

Capacidad operativa y tercerización de controles: Carlos Basombrío (exministro del Interior) remarcó que las Fuerzas Armadas cuentan con un contingente limitado frente a los 69 establecimientos penitenciarios del país y sugirió que los sistemas de control y arcos de detección tecnológica en las entradas de los penales sean tercerizados a empresas especializadas, bajo estándares similares a los aeropuertos.

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