🔴 Crisis total en la ONPE: Detienen a Gerente de Gestión Electoral tras caos en los comicios ⚖️🚨

La crisis institucional en la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha alcanzado un punto crítico tras la jornada electoral del domingo. Lo que comenzó como una falla logística se ha transformado en un proceso judicial de alto impacto con la detención en flagrancia de un alto mando del organismo electoral.

Detención y renuncia: El caso de José Samamé 🏛️⛓️

La Fiscalía procedió con la intervención de José Samamé Blas, quien hasta hace poco ocupaba el cargo de gerente de Gestión Electoral. Los detalles de su situación son los siguientes:

Cargos: Se le investiga por el presunto delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales.
Renuncia previa: Minutos antes de ser detenido, Samamé presentó su carta de renuncia ante el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, reconociendo su responsabilidad en los hechos.
Responsabilidad clave: Se le señala como el funcionario directamente encargado de gestionar el cuestionado transporte del material electoral con la empresa Galaga.

El factor Galaga: La raíz del desastre 🚚📉

La investigación fiscal apunta a que las fallas en la distribución, que dejaron a miles de ciudadanos sin posibilidad de votar, fueron el resultado de una gestión deficiente en el contrato con la empresa Servicios Generales Galaga.

Esta compañía, que no es especialista en el rubro de transportes, fue la adjudicataria del contrato millonario para el despliegue de los kits electorales, cuya llegada tardía obligó a la ONPE a anular multas para más de 63 mil electores afectados en distritos como Lurín, Pachacámac y San Juan de Miraflores.

Clima de incertidumbre electoral 🗳️⚠️

Mientras Samamé se pone a disposición de las autoridades, el panorama para la segunda vuelta electoral del próximo 7 de junio se mantiene tenso. La ciudadanía exige garantías de que estas fallas —que afectaron gravemente el derecho al sufragio— no se repitan en el balotaje definitivo.

La justicia peruana ahora tiene la tarea de determinar si existieron irregularidades mayores en la contratación de proveedores que pusieron en jaque la transparencia y eficacia del proceso democrático más importante del año.

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