⚖️ Excarcelación y archivo: Ollanta Humala abandona Barbadillo tras histórico fallo del TC

En un giro determinante para las megacausas del caso Lava Jato, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional ejecutó la inmediata excarcelación del expresidente Ollanta Humala Tasso desde el penal de Barbadillo, dando cumplimiento a la Sentencia 169/2026 del Tribunal Constitucional (TC).

El máximo intérprete de la Constitución declaró fundado un recurso de hábeas corpus, anuló todo el proceso penal en su contra por presunto lavado de activos agravado, dejó sin efecto la condena de 15 años dictada en abril de 2025 y ordenó el archivo definitivo del caso por parte del Ministerio Público.

📌 Claves del fallo constitucional y posturas

• Irretroactividad de la ley penal (5 votos a favor): Los magistrados Domínguez, Morales, Gutiérrez, Ochoa y Hernández establecieron que la tipificación de aportes de campaña dentro del delito de lavado de activos se incorporó formalmente a la legislación peruana en noviembre de 2016. Su aplicación a las campañas presidenciales de 2006 y 2011 vulneró el principio constitucional de irretroactividad. Asimismo, señalaron la ausencia de prueba sobre el delito fuente y el conocimiento de la ilicitud de los fondos.

• Votos en discordia (2 en contra): Los magistrados Pacheco y Monteagudo argumentaron que el hábeas corpus era prematuro debido a que la apelación de la condena aún se tramitaba en la justicia ordinaria, y consideraron que los hechos investigados se adecuaban a figuras penales vigentes desde 2002.

🎙️ Primeras declaraciones del expresidente Humala

Acusación de persecución: Denunció haber sido víctima de una «persecución político-judicial» y calificó el tiempo de su reclusión como un «secuestro por parte del Estado».

Asilo de Nadine Heredia: Sostuvo que la resolución del TC valida la decisión de su esposa de solicitar asilo político en Brasil y solicitó al Estado brindar las garantías necesarias para su pronto retorno al Perú.

Críticas al Equipo Especial: Cuestionó severamente al Equipo Especial Lava Jato, acusándolo de atribuirse competencias de la ONPE y el Poder Judicial al criminalizar el financiamiento de partidos políticos. Exigió, además, disculpas públicas por parte de las instituciones estatales.